Partido judicial

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La aparición de los partidos judiciales en 1834 fue una de las decisiones liberales que más transcendencia tuvo en el campo de la administración, junto con la creación de las provincias. En un principio los partidos tuvieron la misión de controlar las zonas de competencia territorial de los juzgados de primera instancia e instrucción, pero con el tiempo fueron ampliando sus funciones en temas tan diversos como la elección de los Diputados Provinciales, los Registros de Propiedad, las notarías o la recaudación de contribuciones. Posteriormente, la distribución de la Guardia Civil también se efectuará jerarquizada en función de estos partidos judiciales.

La división en partidos judiciales se han mantenido hasta la actualidad, aunque han variado bastante su exttensión territorial, reduciéndose paulatinamente el número de partidos y aumentando el tamaño de su demarcación. La reforma más radical fue la desaparición de los partidos de Albarracín, Segura y Belchite en 1965, pasando sus municipios a las demarcaciones adyacentes.

El valle del Jiloca y sus serranías adyacentes, en un sentido muy amplio, han quedado integradas en los siguientes partidos judiciales: